Decía Korzybski, y no le faltaba razón, que el mapa no es el territorio. El mapa es una representación mental del objeto y el territorio es la realidad del mismo. Hace ya décadas de esa frase, décadas en las cuales la disciplina urbanística ha experimentado un gran desarrollo, así que aplicando hoy dicha frase al objeto al que hace mención, podríamos decir que si el mapa no es el territorio, el plan tampoco. Aunque el plan condiciona el territorio, lo dibuja, lo define y, a veces, incluso lo hipoteca. Y cuando lo hipoteca, no hipoteca sólo el territorio, sino sus gentes actuales, las gentes que lo vivirán y la posibilidad de que esas gentes futuras puedan tomar decisiones sobre cómo vivirlo.

Jane Jacobs, una de las mujeres que más ha influenciado en el urbanismo social, apuntaba que las ciudades se han planificado sin tener en cuenta a los y las planificadas y que la planificación de una ciudad no puede dar la espalda a la vida. Y cuando un planeamiento urbanístico le da la espalda a la vida lo que queda es trabajar con la esperanza de que a través de la interpretación de la ley se le aplique el sentido común con el que no fue dibujado. Esta labor la ha venido haciendo, entre otros agentes, el sector ecologista que, respaldado por la legislación vigente, ha denunciado incluso en los tribunales aquellos planeamientos urbanísticos que llevaban a un territorio a la quiebra desde la perspectiva ambiental, aludiendo cuestiones de alto calado, como la falta de justificación de disponibilidad hídrica para el desarrollo planeado. A través de esta herramienta, se han conseguido parar un número de planes suficientes como para que haya intereses que quieran acabar con ella.

Era esta una tarea pendiente del PP, que parece que ha tenido eco en el Gobierno del Estado español, ya que esta semana nos hemos encontrado con la noticia de que el Señor Ábalos quiere promover que antes de final de año se apruebe una Ley de Seguridad Jurídica del Planeamiento que pretende impedir que cuando un plan urbanístico se anula parcialmente, se eche atrás el plan completo. Es decir, será una ley que, si finalmente se formula de esta manera, minimizará las capacidades de incidir y echar atrás planes que se hacen de espaldas a la vida y que, incluso, atentan contra ella.

Es en la planificación urbanística en donde se dan respuestas a preguntas que nos condicionan la vida cotidiana, donde se dibuja el modelo de ciudad que tendremos en los próximos años. Es donde se imbrica la respuesta a la pregunta ¿para quién son las ciudades? ¿Para quién las construimos y diseñamos? ¿qué lugar ocupan en ella las distintas gentes que la componen? ¿qué dependencia o qué relación tiene con el territorio colindante? ¿Se está teniendo en cuenta en el plan a los y las planificadas? Es la planificación urbanística la que marca para quién es una ciudad, un pueblo, un territorio… Y no siempre la respuesta a esa pregunta es “para la gente que la habita”. A veces la respuesta es para quien hace negocio de ella.

En un contexto sometido a dos grandes retos mundiales, como son el hacer frente a la emergencia climática y el apostar por un escenario post-covid en el que la recuperación económica se lleva a cabo sin dejar a nadie atrás y sin sobrepasar los límites del planeta, el conflicto entre el negocio y la gente que la habita, es decir, el conflicto entre el capital y la vida, se hace más visible que nunca… y la ley que el Gobierno español pretende aprobar es una clara inclinación de la balanza hacia el lado del negocio, hacia el lado del capital.

• Amancay Villalba: El mapa, los planes, el territorio y el capital
  00:03:53
  6  0 0