EL IMPRESCINDIBLE CAMBIO DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA ESPAÑOLA

La semana pasada, el Parlamento Europeo dio a conocer un informe sobre políticas penitenciarias -conocido como informe Bergeron-  donde se da un tirón de orejas a los estados miembros que practican el alejamiento de las personas presas, u otras medidas que lesionan sus derechos y los de sus familiares, como es el caso de España.

En realidad, el informe incide en las tesis de la legislación internacional al respecto, como las recomendaciones conocidas como Reglas Mandela, de Naciones Unidas, que definen claramente un listado de buenas prácticas penitenciarias que no se cumplen ni de lejos en el Estado español.

También distintas resoluciones de la corte de DDHH de Estrasburgo, como las relativas al cumplimiento de penas en distintos países, o sobre la ilegalidad de la llamada doctrina Parot; sin olvidar las repetidas condenas a España por no aceptar investigar denuncias de torturas, que de confirmarse dejarían sin efecto numerosas resoluciones judiciales contra presas y preso vascos, que a resultas deberían ser puestos en libertad. Pues como ya decía en su época Francisco de Vitoria, uno de los creadores del derecho internacional: “nunca un juez puede aceptar la confesión de un reo  obtenida bajo tormentos”.

También la propia legislación penitenciaria española, contradice la política penitenciaria del gobierno presidido por Mariano Rajoy.  Por lo menos en su letra, puesto que evidentemente no en su interpretación y  puesta en práctica, especialmente en lo relativo a los presos de motivación política en Euskal Herria y a otros como colectivos migrantes, minorías…

También la sociedad vasca se ha expresado  en este sentido con claridad meridiana. Por una parte,  a través de una muy amplia mayoría parlamentaria, donde sólo el PP mantiene el apoyo a la dispersión de las personas presas;  y por otra, según  todas las encuestas que se han realizado  al respecto, que redundan la casi unanimidad parlamentaria.

Además, y  de manera destacada, a través  de masivas movilizaciones, como las que cada año recorren Bilbao, aunando decenas de miles de voces  pidiendo que se respeten los derechos humanos de las presas y presos vascos: las “diadas” vascas si atendemos a su carácter masivo y continuado.

Así como las menos numerosas, pero muy significativas, concentraciones semanales que, durante años, han visualizado y visualizan  en las calles  la herida profunda que causa a la sociedad vasca la vulneración continuada y sistemática de los derechos humanos de las presas y presos vascos.  

En estos días, en el marco de la ponencia de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, ha sido la hija de Ernest Lluch, quien ha venido a reconocer como víctimas (sin equipararlas con ninguna otra) a los familiares y allegados de presos muertos en carretera al ir a visitar a sus familiares.

Alejados de manera totalmente irregular, dificultando de esta forma su  derecho a mantener vínculos familiares que favorezcan su reinserción, que no lo olvidemos, es  objetivo constitucional de la privación de libertad.   

Incluso la justicia francesa, de dura tradición jacobina, ha dado algunos pasos en el sentido de mejorar la situación de los presos vascos, gracias sin duda al impulso unánime de la sociedad civil y la práctica totalidad de las fuerzas políticas de Iparralde.

Medidas cada vez más urgentes desde razones puramente humanitarias. Medidas indispensables también para avanzar hacia la paz y la reconciliación en el País Vasco.

No podemos olvidar tampoco en esta lista de argumentos,  la decisión por parte del colectivo que agrupa a la gran mayoría de las presas y presos de motivación política de aceptar vías individuales en la concesión de beneficios penitenciarios. Un derecho incuestionable que debe aplicárseles como al resto de reclusos, si no se quiere incurrir en discriminación política hacia un colectivo determinado.

Sin embargo, de manera totalmente inexplicable bajo el punto de vista de una mínima ética humanitaria, el gobierno del PP sigue negándose a modificar su política penitenciaria cumpliendo los DDHH.

En esa línea, más inexplicable resulta aún, que los concejales del PP vitoriano denuncien la pequeña subvención, concedida en concurso público  por el Servicio de Convivencia y Diversidad del Consistorio a la Asociación de Familiares, para que lleven a cabo charlas donde expliquen su situación.

En actuaciones como la carpa que se colocará en la Plaza de la Provincia de Gasteiz en los próximos días, en la que explicarán en detalle,  a quien quiera acercarse,  la situación en las cárceles, y que contará con el apoyo de numerosas personalidades de la cultura vitoriana.

Actuaciones muy necesarias para poner el foco mediático y político en un problema que debe ser abordado cuando antes.

Toda  una muestra de solidaridad que contrasta con el espíritu vengativo de un gobierno, que no sólo en Catalunya, vulnera los derechos humanos fundamentales.

Juan Ibarrondo (Escritor y guionista)