La esencia de la actual justicia penal es la venganza, y ésta es insaciable además de contraproducente, es inyectarse un veneno y querer que se pudra o muera el otro. En nuestras sociedades las empresas mediáticas han impuesto una cultura punitiva, que hoy inspira las políticas criminales de estado. Esta consiste en considerar que el castigo, y por tanto la penalización, es la única y la más eficaz forma de afrontar los conflictos sociales, lo cual, ha traído consigo, durante décadas, el incremento de las penas en casi todos los tipos de delito, el endurecimiento de las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios, y la promulgación de nuevas medidas penales como la prisión permanente revisable.

Sin embargo, la violencia y la criminalidad crecen, pero, la gran mayoría de ésta no es percibida, perseguida y penalizada. El sistema policial y penal encubre el 99% de la delincuencia con mayúsculas, que jamás es penalizada y para sus autores la cárcel está abolida. Mientras se ensaña con apena el 1% de quienes delinquen, los mismos de siempre. Así, la población recluida, en un 90%, está compuesta por personas pobres, jóvenes que acaban pudriéndose en la cárcel, personas extranjeras desarraigadas, determinados tipos de disidentes, minorías étnicas o drogodependientes. No por ser quienes cometen más delitos o los más graves, sino por ser los sectores más acosados por las políticas de criminalización, más desfavorecidos económicamente y más desprotegidos por las políticas sociales.

 Reconocer que la penalización ha fracasado, y admitir que, lejos de resolver los conflictos, contribuyen a agudizarlos, es el primer paso para liberarse del recurso al encierro y caminar hacia la búsqueda de alternativas al uso desproporcionado e inútil del derecho penal. Sin embargo, el perverso remedio al que se recurre, con terribles efectos violentos y contraproducentes, es a la “justicia vengativa”, al encarcelamiento. Y para ello, se incrementan las plantillas policiales y de operarios judiciales, se construyen más comisarías, juzgados y macro-cárceles que, finalmente, es el objetivo del gran negocio del crimen, de la industria penal, una de las más importantes y boyantes en la economía mundo.