• Inurri Gorria: La guerra del PSOE contra la okupación: sobre bulos y guerra de clases
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En época de crisis, el problema de la vivienda se está convirtiendo en una lucha por la supervivencia para miles de familias. Pero esa lucha, pronto, podría convertirse en un genocidio. Ha pasado casi desapercibido uno de los ataques al derecho a la vivienda más graves de las últimas décadas. Estamos hablando de la enmienda del PSOE a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir la figura del «desalojo express» en los casos de okupación. Hace unas semanas el PSOE presentó esta enmienda que prevé, en casos de okupación, el desalojo de la vivienda en 48 horas. Así, la okupación de una vivienda abandonada (delito de usurpación) tendrá un trato parecido al allanamiento de morada (usurpación de 1° y 2° vivienda).

¿A quién beneficia la enmienda del PSOE?

Evidentemente es una medida para defender la gran propiedad especulativa, la de bancos, empresas y fondos buitres. Para comprobarlo, nos valga con mirar a los datos sobre el «problema de la okupación» y analizar las Leyes actuales:

Nos bombardean constantemente con bulos sobre la okupación, todos los días, a todas las horas y en todas las cadenas de televisión: okupas con piscinas, personas que han ido a comprar el pan y les han entrado en casa, pobres jubilados con cáncer y/o discapacidad a quienes les han quitado los recuerdos de su familia… Estas serían las verdaderas víctimas de los malvados okupas. Más allá de bulos y amarillismo, los verdaderos datos sobre el «problema de la okupación» en el Estado español nos habla de una realidad totalmente diferentes. Echemos un vistazo a los datos:

• Más del 80% de las viviendas okupadas son de propiedad de bancos, empresas inmobiliarias y fondos buitres.
• Más del 10% de las viviendas okupadas son de propiedad de «grandes tenedores» (especuladores y rentistas que tienen más de 10 propiedades).
• Parte del restante 10% (+ o – la mitad) es patrimonio inmobiliario público inutilizado.
• Menos del 5% del total de las viviendas okupadas pertenece a «pequeños tenedores» (y recordemos que la Ley considera «pequeño tenedor» a un propietario que tiene hasta 9 viviendas de patrimonio).

Podréis decir, «vale, la mayoría de las okupaciones afecta a especuladores, pero… ¿Y qué pasa con ese 2-3% (!) de propietarios que son trabajadores a quienes les han okupado una casa y que están legalmente desamparados? ¡Es que esta suposición se fundamenta en otra mentira! Vamos a mirar la actual legislación. En concreto la Ley de Enjuiciamiento Civil: gracias a la Reforma de la LEC de 2019 -conocida como «desahucio express»- un «pequeño propietario» puede recuperar su propiedad en unas pocas semanas desde que pone la demanda. Es decir, ya se hizo una Reforma que tutela al «pequeño propietario», que prevé la recuperación de la propiedad antes de que se celebre la vista judicial. Pero, ¿Sabéis quién queda excluido de esta Ley y no puede beneficiarse del desahucio express? Exacto: bancos, empresas y fondos buitres. La propuesta del PSOE no quiere «proteger el derecho de los pequeños propietarios a recuperar su propiedad» (eso ya está tutelado por la legislación actual). Quiere ampliar esta «tutela jurídica» a los especuladores que controlan el mercado inmobiliario.

¿Por qué esta medida conlleva una vulneración del derecho a la vivienda?

Evidentemente, esta medida deja en situación de desamparo jurídico a los inquilinos. Por una parte, hay que señalar que, jurídicamente, la enmienda roza la incostitucionalidad: la Constitución del Estado español contempla (formalmente) el derecho a la vivienda, porque, aunque defienda el «derecho a la propiedad privada», matiza que el mismo está «limitado por su utilidad social». Es decir, la propiedad privada y el «derecho» a mercantilizar y especular con la vivienda están constitucionalmente amparados. Pero, si una vivienda no se está utilizando desde hace años (como las millones de viviendas ABANDONADAS que hay en el Estado español), el «derecho» a la propiedad privada entra en conflicto con el derecho a la vivienda. Y ésta es, a día de hoy, una de las pocas garantías jurídicas de los okupas.

Por otra parte, esta propuesta aumenta la autoridad y arbitrariedad de la policía y el poder de chantaje de los vecinos fascistas: en efecto, hasta hoy, si el propietario no denuncia la usurpación y no se persona en el procedimiento penal, de facto es imposible que el inquilino pueda ser desalojado (porque no se puede demostrar el delito y TODAVÍA rige la presunción de inocencia). Con la nueva enmienda, un juez podrá ordenar el desalojo en 48 horas, fundamentándolo en el atestado policial. Es decir, con que un vecino fascista llame a la policía porque no le gustan sus vecinos y la policía haga un atestado diciendo que hay indicios de delitos, será el inquilino quien deberá demostrar su inocencia frente a un juez (presentando documentación que ateste su derecho de posesión). De lo contrario, será desalojado de inmediato.

Finalmente decir que la vulneración del derecho a la vivienda que supone esta medida podría ir + allá del «fenómeno de la okupación». En efecto, cualquier propietario podrá denunciar la usurpación y, como dicho, sin necesidad de un juicio, el juez instará a los inquilinos a que presenten un contrato de vivienda o algo que certifique la posesión (tomándolo de la forma más garantista, entendemos que valdría también con probar que se está pagando un alquiler, por ejemplo presentándolos movimientos de la cuenta bancaria). Pero hay un fenómeno que la medida no contempla, que está mucho + difundido de lo que se piensa: personas que no pueden demostrar de ninguna forma que residen en su domicilio. Hay decenas de miles de familias (la mayoría migrantes y/o sin papeles) que alquilan viviendas y pisos pateras sin contrato y pagan el alquiler «en mano» a los propietarios y/o intermediarios. Estas personas ya con la legislación actual se encuentran muy desamparadas: cuando surgen problemas en casa, se da un impago o, + banalmente, se retrasa el pago del alquiler, muchas veces nos encontramos con desahucios ilegales por parte de los propietarios, por medio de coacciones, cambios de cerraduras y violencia explicita. Y, como estas personas «invisibles» no tienen nada para demostrar que era su domicilio, los propietarios pueden cometer todo abuso e irse de rositas. Pero es que, de ser aprobada la nueva propuesta del PSOE, se daría un salto cualitativo en este poder de chantaje y abuso sistemático: en estos casos el propietario no necesitará de «justicia just-do-it», ni tendrá que cometer delitos o violencia ilegal, porque podrá apelar a la «legítima violencia de la Ley»: denunciar que le están okupando un piso y, como los inquilinos no pueden demostrar que es su domicilio, en 48 horas serán un juez y la policía quien los echará a la calle.

Como dicho al principio, nos encontramos frente a una de las mayores vulneraciones del derecho a la vivienda de la historia del Régimen español. Por un lado por el salto cualitativo que esta propuesta fascista implica, al quitar la (poca) limitación que tenía la propiedad privada frente al derecho a la vivienda y por la situación de absoluto desamparo jurídico en la que deja a los inquilinos. Y por otro lado, en términos cuantitativos, por el escenario de guerra de clases abierta en el que se sitúa. En estos últimos años, entre pandemia, crisis y aumento del coste de la vida, miles de familias han sido desahuciadas y cada vez más gente vive en la calle. Otras miles no han perdido su vivienda, por las medidas emergenciales hechas para personas en situación de extrema vulnerabilidad, como la moratoria de los desahucios. Pero, como esa moratoria es un parche chapuzero, estas familias que ya eran vulnerables, han seguido acumulando deuda y, a día de hoy, tienen miles de euros de deuda que no podrán pagar en toda su vida.

En los próximos meses se prevén cientos de miles de desahucios, entre el acabar la moratoria, los impagos de las hipotecas (por la subida de las hipotecas variables) y los nuevos impagos de alquileres, debidos a la subida de la inflación y a la caída de los salarios reales. No es casual que, frente a este escenario de «eutanasia social», genocidio de clase y vulneración sin precedentes del derecho a la vivienda, se proponga una Ley para defender la gran propiedad de bancos, fondos buitres, rentistas y grandes propietarios. En este sentido, la del PSOE hay que tomarla por lo que es: no una simple enmienda a una Ley, sino una declaración de guerra total contra los pobres. Una «solución final» contra la clase trabajadora en proceso de proletarización.