La historia es bien conocida. Todo empezó pasadas las 09:00 horas de la mañana del 1 de enero con los primeros rayos de sol del año 2019. Según relataron las diferentes personas que estaban disfrutando de la fiesta, la Policía Local, sin mediar palabra, comenzó a cargar contra quienes estaban en el Gaztetxe y alrededores. La excusa: el ruido, algo que el propio Gaztetxe reconoció desde primer momento disculpándose ante las vecinas del Casco Viejo gasteiztarra por si se habían pasado con los decibelios.

Una Policía Local que entró hasta dentro de esta casa okupada hace más de 30 años sin ningún tipo de orden en mano. La Ertzaintza también se personó, pero, según indicaron fuentes de la Gazte Asanblada, los agentes de la Policía Autonómica Vasca no entraron en ningún momento en el Gaztetxe. Todas y cada una de las personas detenidas e identificadas lo fueron por parte de la Policía Local. Una vez reunidas, las gaztetxeras emitieron un comunicado explicando lo sucedido y dejando claro que no hubo aviso previo, tal y como apuntaron otros medios.

En total, las personas detenidas aquella mañana fueron cinco. Cuatro quedaron en libertad el mismo 1 de enero, a la espera de tener que declarar ante un juez. En julio de 2020, estas cuatro personas aceptaron los cargos a cambio de penas de casi 10.000 euros en total por, en algunos casos «heridas en los nudillos de los agentes».

Pero quedaba un quinto acusado. Este quinto joven detenido ya fue encarcelado tras pasar por el Juzgado de Guardia en Gasteiz el mismo mes de enero de 2019. Cumplió casi un año en la cárcel de Zaballa. Él era el quinto que se tenía que sentar delante del juez y así lo ha hecho esta misma semana.

El abogado del joven de 26 años pactó un acuerdo con la Fiscalía:  tres años y nueve meses de prisión por un supuestos delito de «atentado contra la autoridad». Su ingreso en prisión debería llevarse a cabo las próximas semanas. También deberá pagar una multa de 360 euros por dos delitos leves de lesiones y una indemnización global de 396 euros a dos agentes. La petición de la Fiscalía era mucho mayor, tanto en lo penal como en lo económico.

‘Caza de brujas’ contra el Aterpe

Cabe recordar que la intervención policial se alargó y dejó varios “daños colaterales”. El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Gasteiz realizó a comienzos de enero una petición de información sobre los datos personales del equipo educativo del Centro de Noche ‘Aterpe’, gestionado por la Comisión Antisida de Araba.

El motivo para solicitar estos datos sería continuar llevando a cabo una investigación sobre los hechos de la mañana del 1 de enero de 2019.

Los datos privados de las personas empleadas fueron facilitados al Gobierno de Urtaran sin comunicárselo al Comité de Empresa ni a sus empleadas. La responsable que habría solicitado los nombres y apellidos de las personas empleadas sería Txaro Basterra, responsable del Servicio de Inclusión Social del Ayuntamiento de Gasteiz.

Según pudo saber esta casa de fuentes del Comité de Empresa, en cuanto Sidálava recibió la llamada del Consistorio Local decidió pasar los nombres y apellidos de todas y cada una de las personas que estuvieron desarrollando su actividad laboral del 30 de diciembre de 2018 hasta el 2 de enero de 2019 en el ‘Aterpe’.

Las personas empleadas de esta gestión indirecta del servicio municipal -Sidálava-, sin embargo, se mostraron más que enfadadas con el Ayuntamiento y con el propio coordinador de Sidálava ya que todos estos datos privados han sido facilitados al Gobierno de Urtaran sin comunicárselo al Comité de Empresa ni a sus empleadas.

El Comité de Empresa, a día de hoy, se encuentra formado por los sindicatos ELA, LAB y ESK, quienes emitieron una nota con duras críticas y lanzando una advertencia: “No seremos cabeza de truco para tapar el despropósito represivo”.

Una de las personas heridas a cuenta de las cargas de la Policía Local.