Nueva operación de castigo a la disidencia vasca
Una vez más, la Audiencia Nacional, nos vuelve a brindar una nueva operación de castigo contra personas de Euskal Herria, una vez más el todo es ETA utilizado por Garzón contra la disidencia política vasca, se va a volver a usar. La cita será en septiembre, y esta vez va a sentar en el banquillo de los acusados a 47 personas que han defendido de una u otra manera diferentes derechos de los y las presas políticas vascas y sus familiares. Las peticiones fiscales oscilan entre 11 y 20 años de cárcel, así como unas multas que oscilan entre 4.800 a 10.500€. El total del gasto por el juicio, está calculado en unos 350.000€. 46 familias afectadas, 38 niños y niñas, miembros de estas familias, 25 de ellos, de entre 0 a 6 años, 2 menores con enfermedades graves y que precisan atención y cuidados especiales. Una nueva aberración jurídica.
Las personas acusadas pertenecen a diferentes sectores, entre ellos, al colectivo de abogados que se encarga de prestar asistencia letrada a las y los presos vascos, otras a Jaiki Hadi que ofrece seguimiento desde la perspectiva médica, denunciando los casos de personas gravemente enfermas y sacando trabajos sobre la situación en lo relativo a la salud en las cárceles, otras también pertenecientes a Herrira, movimiento que se dedicaba a sensibilizar a la opinión pública sobre la vengativa política penitenciaria y a movilizar a la sociedad a favor de la defensa de los derechos humanos, exigiendo el cambio de esa política penitenciaria, así como la humanización de las condiciones en las cárceles.
Una de las acusaciones que se hace a personas de determinados movimientos es la de recogida de fondos económicos para los familiares de presos y presas. ¿Acaso no es lícito recoger fondos económicos para paliar la realidad de los familiares de personas presas, que en muchos casos se ven obligadas a viajar más de 2.000 km cada fin de semana para poder visitar a sus allegados?
Porque la política de alejamiento impuesta por los diferentes gobiernos españoles, ha supuesto ya 16 familiares o amigos muertos en las carreteras y muchos accidentes de tráfico, el último hace dos semanas, que además de riesgo en la carretera, también supone un desgaste personal, y una media de más de 19.000€ de gasto por familia al año. Con estos datos, ¿cómo es posible que sea delito recabar dinero para paliar esta injusticia?
Es de resaltar la gravedad del hecho, porque se mantiene la utilización del todo es ETA, incluso después de que la propia organización hubiera declarado la tregua indefinida, ya que estas personas fueron detenidas tras darse esa situación, y se sigue manteniendo esa misma utilización en estos momentos, tras haber incluso desaparecido ETA, se les acusa de pertenencia y colaboración con ella.
En Herrira había muchas personas trabajando en pueblos y ciudades de Euskal Herria, más de 200 grupos participando en distintos pueblos de este proyecto, entre las que me incluyo, y puedo decir que el trabajo lo hacíamos a cara descubierta, era un trabajo dirigido sobre todo a la sociedad de Euskal Herria y era un trabajo público. Entendíamos, parece ser que de forma errónea, que no había nada que ocultar, la apuesta era la defensa de losderechos para las personas presas y sus familiares, y la de generar las condiciones necesarias para llegar a un Euskal Herria en convivencia entre personas distintas.
Pero no calibramos bien los grandes intereses que sigue habiendo desde determinados aparatos del estado para mantener una confrontación agresiva y prepotente contra cualquier persona que pueda, tan siquiera cuestionar la política penitenciaria actual, no calibramos bien que los aparatos del estado no permiten la existencia de sectores que defienden derechos humanos, no calibramos bien que el derecho a la solidaridad, dependiendo de hacia quienes se plantee, puede estar penalizada en este estado, tampoco calibramos bien que la Audiencia Nacional es un aparato judicial para seguir desarrollando “la justicia penal contra el enemigo”.
Es la misma política de generación de odio y provocación que en la campaña electoral para el congreso y senado del estado fue utilizada por Abascal en Bilbo, Donosti, o Gasteiz, por Casado en Altsasu o por Rivera en Errenteria, pero como hace poco, nos recordaba Ion Maya hablando de Errenteria y de Altsasu, ¡llegan tarde!, a pesar de los Casado, Rivera, Abascal, la fiscalía o la Audiencia Nacional, este pueblo ha tomado un camino y desea seguir transitando por él, aunque en muchos momentos resulte duro.
Porque a pesar de estas personas y estos aparatos de generación de odio y enfrentamiento, este pueblo va a seguir trabajando para poder seguir desarrollándose como una sociedad en la que a pesar de las diferencias, todas las personas que lo componemos, podamos seguir conviviendo. Ellos pretenderán hacer lo único que saben, generar odio, enfrentamiento y violencia, nosotras tenemos la obligación de seguir construyendo, no con las élites, sino con el pueblo.
Eso sí, lo que en ningún caso vamos a hacer, es mantenernos pasivos ante las agresiones o las provocaciones que nos lleguen desde Madrid. Por eso ya estamos preparándonos para dar respuestas desde distintos ámbitos y diferentes expresiones a esta nueva aberración jurídico-política contra estas 47 personas defensoras de derechos humanos en Euskal Herria.
Por eso tenemos que pedir que la sociedad de este pueblo, que lo ha demostrado con la juventud de Altsasu, con los presos y presas vascas, o con la defensa de colectivos de migrantes y refugiados, como lo hizo en Durango el pasado mes, vuelva a salir a las calles de nuestros pueblos y se involucre una vez más ante estos atropellos y este atenta a las diferentes convocatorias y movilizaciones que se realizarán en Euskal Herria en los próximos meses. Existe ya una convocatoria de manifestación nacional para el próximo día 14 de septiembre, a la que tenemos que acudir, igualmente os invitamos a entrar en la web “11-13makroepaiketa.eus para más información. ¡Ni una agresión más sin respuesta!
También creemos que es urgente la desaparición de tribunales especiales como la Audiencia Nacional, aparato que sustituyo al siniestro Tribunal de Orden Público, Tribunal también especial durante la dictadura de Franco, que no generan nada positivo. Sería una gran aportación a la convivencia y a mejorar la deteriorada imagen de la justicia española, pero mucho nos tememos, que los pasos hacia un cambio definitivo y rupturista con la época anterior en el estado español, no tienen visos de ser ni fáciles, ni rápidos.
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