Mugarik Gabe, Medicus Mundi y Setem Hego Haizea presentaron el pasado lunes un informe sobre la situación de las mujeres que cuidan a personas mayores o dependientes en la capital alavesa. El dato es abrumador: el 22% de estas empleadas aseguran haber sufrido algún tipo acoso sexual por parte de sus jefes. Por esi eso fuera poco, el mismo trabajo ha constatado que el 45 % de las mujeres que buscaban trabajo por internet han recibido llamadas de tipo sexual.

Más allá de esos titulares, este informe constata la precariedad y los abusos que sufre este colectivo y los tres colectivos también remarcan: estas mujeres también son víctima de la violencia machista y el racismo de sus empleadores.

De la investigación llevada a cabo, los datos más alarmantes son los que se refieren a la violencia machista. El 22% de  las trabajadoras preguntadas aseguran ser víctimas de acoso, el 27% de las empleadas han vivido insultos sexistas, sexuales o racistas en espacios públicos y un 24% se encontró con propuestas sexuales al negociar las condiciones.

La precariedad es otra constante, ya que este gremio carece de un convenio colectivo y no cuenta con la legislación laboral común. Tan solo en 2011 se alcanzó un sistema de empleo específico que, sin embargo, no recoge el derecho a paro, las indemnizaciones por despido son mínimas, y su cotización es inferior.

Según los tres colectivos, “se utiliza la inmigración y la pobreza para poner a estas mujeres en situaciones muy precarizadas para que se hagan cargo de los espacios de cuidados. Hay un sistema perfectamente encuadrado para que vengan mujeres empobrecidas, sin derechos y sin permiso de residencia para trabajar en este sector”. Ello consideran que genera que exista una economía sumergida y otra convencional en la que también existen situaciones discriminatorias para las trabajadoras ya que se vulneran sus derechos laborales, sufren violencias machista, racista y clasista.