En la edición de esta semana hablamos de la batalla que disputan en los tribunales la campaña BDS y el lobby sionista en el Estado Español. La semana pasada conocimos que el grupo de presión pro-Israelí autodenominado ACOM había interpuesto, como tantas veces contra otros tantos municipios, una demanda contra el Ayuntamiento de Iruñea acusándole de discriminar a los ciudadanos israelíes y por extensión a los judíos.

El motivo de esa denuncia era la moción aprobada meses antes en el consistorio pamplonés en la que, entre otras cosas, el ayuntamiento condenaba el comercio de armas con Israel, declaraba al embajador israelí “persona non grata”, negaba el uso de espacios públicos a los representantes de Israel y reconocida el derecho de la ciudadanía a boicotear a Israel.

Para ponernos al corriente de este caso hemos contado en Uhintifada con la intervención de Xabi Agirregabiria, miembro del grupo de BDS en Iruñea, que nos ha explicado que estas denuncias de los grupos sionistas no tienen ningún fundamento legal, porque las mociones de los ayuntamientos están redactadas de tal manera que son irrebatibles desde la legalidad.

Ha añadido que el movimiento BDS no es un movimiento antisemita, al contrario, es un movimiento por los Derechos Humanos, que tiene de su lado la razón y la legitimidad. Los grupos de presión sionista, en cambio, lo que tienen es grandes recursos económicos para acosar en los tribunales al movimiento BDS y hacer un trabajo de desgaste.

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