El debate de la memoria histórica se ha establecido, al menos, en nuestros medios de comunicación, y es que a raíz de la decisión del Concejo de Mendiola de derribar o suprimir la cruz del monte Olarizu, amparándose en la Ley de Memoria Historica, se ha abierto un conflicto institucional que no parece tener precedente similar en Araba.

El caso tiene muchas aristas y está claro que no es fácil de abordar, al margen de opiniones más o menos argumentadas sobre lo que deba suceder con la mencionada cruz. Sin embargo me ha llamado la atención el tratamiento que han dado medios de comunicación sobre este caso.

Los distintos medios que han tratado el tema lo han abordado únicamente desde una perspectiva histórica y han introducido elementos, que si bien son importantes, no pueden ser definitivos a la hora de tomar una decisión final sobre la cruz.

No pretendo menos preciar el trabajo y aportaciones que puedan hacer los historiadores al respecto, intuyendo, que no es el caso, que esas aportaciones sean unánimes. La memoria histórica no es una cuestión de pasado. Es más una cuestión de presente y futuro y para abordarla de manera más adecuada otras disciplinas deben hacer, también, sus aportaciones.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley de Memoria Histórica establece que los símbolos que hagan exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, la guerra civil o la dictadura franquista han de ser retirados siempre y cuando los entornos en los que se encuentran dichos símbolos no estén protegidos por ley por razones arquitectónicas, artísticas o artísticas-religiosas. A día de hoy la cruz de Olarizu no se encuentra en esta situación.

Como podemos observar en el redactado de la ley no se hace ningún tipo de mención a quien levantó dichas expresiones o con que financiación se hizo. Este es uno de los argumentos utilizados por los defensores del mantenimiento de la cruz y es un argumento que no se sostiene desde el punto de vista legal.

Desde el punto de vista politológico (el que nos indica la ciencia política) la pregunta pertinente y a mi entender fundamental, es si un Estado que se dice democrático puede gozar de legitimidad mientras mantenga símbolos de exaltación de un régimen totalitario como fue el régimen franquista.

La democracia en el Estado Español tiene varios problemas a la hora de construir su legitimidad democrática (como todas las democracias) pero el más significativo, y que no sufren otras democracias del entorno, es que hay una cantidad importante de ciudadanos dispuestos a desobedecer o no reconocer el carácter democrático del régimen español, argumentando que es un régimen heredado o, cuando menos, evolucionado del régimen franquista. Una de las bases de esa argumentación es que se mantiene y se resiste a eliminar una serie de simbologías que hacen exaltación del régimen anterior.

Teniendo en cuenta que la legitimidad es uno de los elementos fundamentales sobre la que se sostiene una democracia, la retirada del símbolo es muy pertinente. Teniendo en cuenta, además, que la cruz de Olarizu no goza de una protección legal por motivos arquitectónicos, artísticos o de culto religioso, la retirada completa de la cruz seria la decisión más acertada y coherente. Una contextualización de los símbolos está sujeta a interpretaciones personales y políticas y es cuando menos arriesgado de cara a la legitimidad democrática.

Teniendo en cuenta que la legitimidad es uno de los elementos fundamentales sobre la que se sostiene una democracia, la retirada del símbolo es muy pertinente

Lo único que podría dar al traste con la decisión de retirar la cruz de Olarizu es que dicha decisión supusiese una merma mayor a la legitimidad que mantenerla. Y aquí entramos en el gran meollo de la cuestión y lo que ha enfadado, y con razón, a los miembros del concejo de Mendiola.

Los concejos son instituciones que tienen unas funciones y competencias legales reconocidas y teniendo en cuenta que la designación de sus miembros es por vía democrática directa, esta institución goza de la mayor legitimidad democrática de la que puede gozar una institución. Anteponer un informe técnico a la decisión de una institución democrática y popular es, cuando menos, un error de bulto que comete el alcalde Gorka Urtaran.

No sé qué motiva al alcalde a tomar la decisión de no retirar la cruz de Olarizu pero si sé que su principal motivación debería ser la de dotar de la máxima legitimidad democrática a la institución que él representa y respetar las decisiones que tomen otras instituciones democráticamente legitimas.

En cuanto al papel de los medios de comunicación de la provincia, es justo reclamarles que a la hora de abordar un tema, lo hagan en toda su complejidad y que no se queden en interpretaciones sesgadas y limitadas con el simple objetivo de alimentarse de la polémica.

Tal vez a los medios les resulte poco atractivo el debate pero hablar de legitimidad democrática es importante de cara al futuro, ya que nos jugamos que atrocidades del pasado no se vuelvan a repetir. Mantener símbolos de exaltación de un régimen dictatorial no-democrático es legitimar dicho régimen y definitivamente legitimar un régimen dictatorial es deslegitimar a la democracia como sistema y como ideal.

Un artículo de Mikel Gomez

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