Hubo un tiempo, en la segunda mitad del siglo pasado, en que se utilizó lo que llamábamos Unidad de Acción, para promover luchas comunes entre  distintos movimientos populares, sectores en lucha, o fábricas en huelga… Marzo del 76 fue un buen exponente de aquello, aunque ni mucho menos fue el único.

Sin embargo, con el tiempo, esa herramienta que había sido clave para activar las luchas, fue perdiendo vigor y eficacia, a la par del progresivo debilitamiento de los movimientos populares, y su sustitución por partidos, sindicatos y ONG de distinto pelaje, que con excepciones, ocuparon el campo de los movimientos populares.

De manera, que la unidad de acción se transformó en una sopa de siglas, a la que acudían los “liberados” de las distintas organizaciones, que luego firmaban manifiestos, convocatorias, o llamamientos de todo tipo. Llegándose al absurdo de que, en ocasiones, había más siglas que participantes en las movilizaciones, pues a veces hasta los liberados (muy ocupados ellos) faltaban en la concentración de turno.

A día de hoy, sin embargo, el fortalecimiento de movimientos sociales autónomos, como el feminista o el de pensionistas…, me hace pensar que tal vez haya llegado el momento de reeditar la práctica de la unidad de acción, superando la sopa de siglas en que se había convertido.

La unidad de acción supone fijar unos objetivos comunes a distintos movimientos sociales, que de esa forma aparcan en cierta medida y de manera temporal sus luchas particulares,  para sumarse a movilizaciones conjuntas.

Estas luchas conjuntas no pueden ser simbólicas, sino lo más eficaces posibles, continuadas y crecientes hasta conseguir los objetivos fijados.

De alguna manera, mujeres feministas y pensionistas en lucha ya han conseguido cierta unidad de acción, sobre todo las primeras, e incluso hegemonía en el discurso que articulan.

No sería malo, en todo caso, articularse con  otros movimientos muy activos como el de jóvenes ocupas, que pueden arrastrar a  los jóvenes precarizados a estas luchas, y desde luego hacer un esfuerzo para establecer alianzas con un sector clave como son las trabajadoras y trabajadores migrantes precarizadas.

En mi opinión existen mimbres para estas alianzas, pues hay organizaciones muy activas en estos ámbitos que podrían reunirse para elaborar puntos mínimos comunes, y ese conjunto articulado  tendría -según creo- la suficiente fuerza de arrastre para conseguir victorias tácticas importantes.

La pensión mínima de 1080 euros puede ser uno de esos mínimos comunes -aunque sin duda no el único- pues interpela al corazón del sistema capitalista haciendo que surjan sus contradicciones.

El lehendakari Urkullu lo reconocía cuando aludía a que “el sistema no resistiría un pensión así.”

En efecto, no se concibe una pensión mínima así sin subir de forma significativa el salario mínimo, o sin una redistribución justa de la riqueza, ni tampoco sin un reparto del trabajo que incluya los trabajos feminizados en los ámbitos de la reproducción de la vida, incluida una Renta de Garantía de Ingresos suficiente para salir de la pobreza.

Por eso, se trata de un objetivo radical y revolucionario, en el mejor sentido de ambos términos. Quizá merezca la pena la Unidad de Acción para reivindicarlo.

Juan Ibarrondo

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